Preguntas y respuestas frecuentes

El RUCOM, es una medida de control, a través de la cual la Autoridad Minera publica los explotadores mineros autorizados en el país y certifica a las personas naturales y jurídicas que comercializan, consumen o benefician minerales en el territorio nacional, con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad comercializadora de minerales en Colombia.

El RUCOM es administrado por la Agencia Nacional de Minería, la cual a través de su plataforma tecnológica permite a los interesados solicitar inscripción en línea, obtener el certificado que los acredita como COMERCIALIZADORES DE MINERALES AUTORIZADOS, así como consultar cada uno de los listados disponibles, a saber: comercializadores, consumidores, plantas de beneficio y explotadores mineros autorizados (titulares, solicitantes de legalización, beneficiarios de áreas de reserva especial declarada, subcontratos de formalización y mineros de subsistencia).

Los siguientes son los requisitos de carácter obligatorio para la debida inscripción en el RUCOM:

• Nombre o razón social según se trate de persona natural o jurídica (en el objeto social de la empresa deberá estar contemplada la comercialización de minerales).
• Domicilio principal y dirección para notificaciones
• Documento de identificación del inscrito si es persona natural
• Registro Único Tributario (RUT)
• Certificado de existencia y representación legal, con una antigüedad a la fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, cuando se trate de personas jurídicas.
• Tanto en el RUT como en el certificado de existencia deberá tener registradas actividades económicas asociadas a la comercialización de minerales, según el CIIU.
• Balance General y Estado de Resultados debidamente certificados y dictaminados, junto con sus notas, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, cuando se trate de personas jurídicas. Con estos documentos deben adjuntar igualmente las tarjetas profesionales del contador y revisor fiscal que los certifican y dictaminan, en un solo archivo en PDF.
• Resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, cuando se trate de Sociedades de Comercialización Internacional que las autoriza a realizar esta actividad.
• Certificación de Inscripción en el Registro Mercantil.
• Demostración de la capacidad económica para cumplir las actividades de comercialización de minerales.

En este caso deberán registrar la información de los indicadores financieros definidos en la Resolución 171 de 2018, al momento de presentar la solicitud de inscripción o renovación. Es necesario indicar que la información ingresada, deberá coincidir con los estados financieros que adjunta a la solicitud, so pena de ser rechazada la solicitud.

Si se trata de persona natural de régimen simplificado, el usuario deberá adjuntar certificación de Ingresos con tarjeta profesional del contador que firma la respectiva certificación.

Conforme al artículo 2 de la Resolución 171 del 19 de junio de 2018, las personas naturales o jurídicas que deseen certificarse, deberán adjuntar Certificación Bancaria expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, en la que se acredite que es titular de una cuenta o cualquier otro producto financiero que se encuentre vigente.

Las personas naturales o jurídicas que compran y venden minerales de forma regular para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos, deberán inscribirse bajo el rol de COMERCIALIZADOR, directamente desde la plataforma RUCOM.

Deben inscribirse en el RUCOM bajo el rol de CONSUMIDOR las personas naturales o jurídicas que consuman minerales en cantidades mayores a los volúmenes establecidos en la Resolución 396 de 2015 así:



Cuando una PLANTA DE BENEFICIO no compra mineral, sino que realiza un servicio de beneficio de minerales o adquiere minerales para beneficiar de diferentes títulos mineros, deberá inscribirse en el RUCOM bajo el rol de PLANTA DE BENEFICIO.

La persona natural o jurídica deberá presentar la solicitud de inscripción ÚNICAMENTE a través de la plataforma RUCOM, dispuesta en el sitio web Agencia Nacional de Minería, en donde podrán presentar la solicitud de inscripción respectiva realizando el registro previo a la aplicación de trámites y servicios de la ANM, como se indica a continuación:

Registro en la plataforma:

• Ingrese a la página web de la ANM Agencia Nacional de Minería
• Seleccione la opción “Servicios en línea”. Seleccione la opción “3. RUCOM-Listado de Solicitantes”.
• Seleccione la opción “acceso a la aplicación”.
• Selecciones la opción “Nuevo usuario”. El Sistema solicitará alguna información básica, la cual debe ser diligenciada por el usuario.

Una vez registre los datos básicos de la persona natural o jurídica que desea presentar la solicitud, recibirá un correo electrónico con la palabra enlace subrayado. Una vez despliegue el mismo, deberá registrar una contraseña en los campos que la muestra el sistema. Se recomienda no cerrar el enlace hasta que el sistema le notifique que la contraseña ha sido registrada correctamente.

Presentar solicitud de inscripción Comercializador Autorizado de Minerales

• Con la contraseña registrada, puede acceder a la plataforma por la opción de “INICIO SESIÓN”, en donde, después de haber diligenciado los cuatro campos de: Tipo de persona, Tipo identificación, número identificación y contraseña y digitadas las palabras o los de números que le muestre la imagen, puede seleccionar la opción “ACEPTAR”.
• Una vez haya ingresado a su sesión de usuario, al costado izquierdo de la pantalla encontrará un menú en donde deberá seleccionar la opción “Solicitar inscripción”.
• Aceptar los términos y condiciones.
• Conforme lo establece el literal c) del artículo segundo de la Resolución 171 del 19 de abril de 2018, el sistema visualizará las opciones para que el comercializador seleccione uno de los requisitos al cual se acogerá para dar cumplimiento a la demostración de capacidad económica establecida en el Decreto 1073 de 2015, a saber: 1) Indicadores Financieros, 2) Seleccionar si cuenta con título minero, 3) Calificación de riesgo 4) Resolución de reestructuración o certificación de acuerdo de reperfilamiento 5) Gran consumidor.
• Una vez opte por uno de los requisitos, el sistema le habilitará las opciones y los campos para que adjunte la documentación establecida en cada uno de los numerales del literal c).
• El sistema visualiza la información correspondiente a los indicadores financieros para la demostración de capacidad económica, la cual debe ser diligenciada por el interesado, sin perjuicio de la opción que haya escogido anteriormente. Es necesario que registre los valores de acuerdo a sus estados financieros, (sin puntos, comas o centavos) información que será validada por la Agencia.
• Debe seleccionar la opción “Certifico bajo la gravedad de juramento que la información registrada corresponde a la información relacionada en los documentos de capacidad económica que adjunto”.
• Debe proceder a “VALIDAR LA CAPACIDAD ECOCÓMICA”, en el evento en el cual el sistema le indique que no cumple con los indicadores, igualmente, habilitará la opción “SIGUIENTE”, para que pueda adjuntar los documentos.
• El sistema despliega los campos para adjuntar los documentos señalados en el artículo 2.2.5.6.1, 2.1 Sección 1 del capítulo 6 Decreto 1073 de 2015 y el Decreto 1421 del 1º. de septiembre de 2016, los cuales deben encontrarse escaneados en formato PDF y en archivos separados.
• Para finalizar asegúrese de haber cargado todos los documentos que según el caso se requieran.
• Una vez realizado el cargue de los documentos debe seleccionar la opción “Solicitar inscripción”, en cuyo caso el sistema visualiza el número asignado y envía automáticamente un correo electrónico al registrado en los datos básicos.
• La solicitud de inscripción al RUCOM genera un número de radicación el cual incluye la palabra RUCOM y su evaluación se realizará de acuerdo con el orden de radicación.

Una vez sea evaluada la solicitud, el resultado de la misma será comunicado al correo electrónico informado, en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud.

En el mes de mayo de cada año, las personas naturales y jurídicas que se encuentran CERTIFICADAS como comercializadores de minerales autorizados al 31 de diciembre del año anterior, deberán presentar a través de la plataforma RUCOM, la respectiva solicitud de renovación.

Conforme lo estipula el artículo 2.2.5.6.1,1.5, NO se encuentran obligados a inscribirse en el RUCOM: los explotadores mineros autorizados, dentro de los cuales se encuentran los titulares mineros, solicitantes de programas de legalización o de formalización minera, beneficiarios de áreas de reserva especial declaradas, subcontratos de formalización minera y mineros de subsistencia.

Quienes comercialicen productos ya elaborados para joyería y las personas naturales o jurídicas que adquieran minerales para destinarlos a actividades diferentes a la comercialización de los mismos y que NO excedan los volúmenes antes mencionados. Sin embargo, deberán demostrar la procedencia lícita del mineral adquirido, mediante la presentación de la copia del certificado de origen o declaración de producción suministrado por los explotadores mineros autorizados o las plantas de beneficio y llevar el control del mineral adquirido.

Los titulares mineros que se encuentren en etapa de explotación, tendrán que solicitar la publicación de sus títulos ante la Agencia Nacional de Minería, a través de la plataforma RUCOM o al correo rucom@anm.gov.co.

La ANM verificará a través del Grupo de Seguimiento y Control donde se encuentra ubicado el título, que el título cumpla con los requisitos preceptuados en el Decreto 1073 de 2015, esto es, que esté en etapa de explotación, cuente con PTO/PTI aprobado y tenga las respectivas autorizaciones ambientales.

Una vez los títulos mineros queden publicados en los listados del Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM, la ANM expide una constancia de publicación, la cual lo autoriza a explotar y vender el mineral del titular autorizado.

Por otra parte, todos los explotadores mineros autorizados publicados en el RUCOM están obligados a expedir el respectivo Certificado de Origen o declaración de producción (para el caso de los mineros de subsistencia), con el objeto de certificar la procedencia lícita del mineral y verificar que a quien le venda se encuentre certificado como comercializador de minerales autorizado.

El monto asegurado deberá corresponder a lo establecido en la minuta del contrato o según la ley bajo la cual fue constituido el título minero. Estas deben ser reajustadas anualmente al Salario Mínimo Legal y por los montos establecidos en el Contrato.

•          GARANTÍAS PARA CONTRATOS EN VIRTUD DE APORTE: En cuanto a las garantías pactadas estas deben ser reajustadas anualmente al Salario Mínimo Legal y por los montos establecidos en el Contrato.

Características Generales:   

Beneficiario: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - NIT 900.500.018-2

Tomador: ___________________________________________

Asegurado: __________________________________________

El monto de las garantías pactadas según el amparo es el siguiente:

-Garantía de Cumplimiento: 

Monto: XXXXXX S.M.M.L. o según establezca el contrato

-Garantía Cumplimiento obligaciones laborales:    

Monto: XXXXXX valor mensual de la nómina o según establezca el contrato

-Responsabilidad Civil Extracontractual:

Monto: XXXXXX S.M.M.L. o según establezca el contrato

De este modo es necesario tener en cuenta que las garantías se deben requerir de acuerdo a lo que se encuentre pactado en la minuta del contrato toda vez que el porcentaje de responsabilidad civil extracontractual varia en algunos casos y otros contratos no requieren de las tres garantías.

•          GARANTÍAS PARA CONTRATO DE PEQUEÑA MINERÍA EN ÁREA DE APORTE

Características Generales:

Beneficiario: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - NIT 900.500.018-2

Tomador: ___________________________________________

Asegurado: __________________________________________

El monto de las garantías pactadas según el amparo es el siguiente:

-Garantía de Cumplimiento: 

Monto: 20% del valor anual del contrato o según establezca el contrato

-Garantía Cumplimiento obligaciones laborales:    

Monto: 5% del valor anual del contrato o según establezca el contrato

De este modo es necesario tener en cuenta que las garantías se deben requerir de acuerdo a lo que se encuentre pactado en la minuta del contrato toda vez que el porcentaje de responsabilidad civil extracontractual varia en algunos casos y otros contratos no requieren de las tres garantías. En la cláusula vigesimosexta de la minuta se encuentra el valor del contrato, para efectos de calcular el monto de las pólizas.

•          GARANTÍAS PARA CONTRATOS DECRETO 2655 DE 1988, SEGÚN PTI APROBADO:

Teniendo en cuenta el artículo 71 del decreto 2655 de 1.988, al celebrarse el Contrato de Concesión los titulares deberán constituir una póliza de garantía de cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de multas y la caducidad, la cual deberá permanecer vigente durante toda la vida del proyecto.

Beneficiario:   “AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA” NIT 900.500.018-2

Tomador:                 _______________________________________________

Asegurado:              _______________________________________________

Calculo del Monto a Asegurar:

Producción: XX m3/año*2 (corresponde al volumen de producción de los dos primeros años)

Precio de venta: $/ m3 (valor establecido en el PTI correspondiente al precio de venta en bocamina, cuando no se establece este valor se toma el dato del precio base de liquidación definido por la UPME para el periodo que se evalúa).                     

Porcentaje:     10%    

Monto a asegurar: = XX m3/año* 2* $/ m3 * 0.1 =  $

¿CÓMO OBTENGO CERTIFICACIÓN PARA COMPRA Y USO DE EXPLOSIVOS?

Proponemos la modificación de la respuesta, la cual pensamos que debería ir de la siguiente manera:

Como Autoridad Minera se emite un certificado de suministro de información para el uso de explosivos de acuerdo a la solicitud realizada por el titular:

·         Que el título se encuentre en la etapa de explotación

·         Sistema y método de explotación

·         Reservas, tipo y características del yacimiento

·         Que cuente con instrumento técnico aprobado y proyecte el uso y consumo de explosivos

·         Producción proyectada para el año en el que se realiza la solicitud

·         Volumen de estéril a remover para el periodo de la solicitud

·         Que cuente con la respectiva viabilidad ambiental vigente

·         Producción declarada por el titular de los periodos anteriores

·         Reglamento de higiene y seguridad aplicable al título minero

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EXPLOTAR?

Adicionalmente el titular minero deberá contar con el instrumento técnico aplicable aprobado por la autoridad minera y a la viabilidad ambiental otorgada por la autoridad competente.

•          Instrumento técnico Decreto 2655 de 1988, Programa de trabajos e Inversiones – PTI

“Artículo 39. Programa de trabajos e inversiones. Con el Informe Final de Exploración, el titular de la licencia presentará el Programa de Trabajos e Inversiones de Explotación. Este tendrá como base los resultados de la exploración realizada y consistirá en un esquema Abreviado de las obras trabajos e inversiones que habrán de ejecutarse durante el contrato de concesión o la licencia de explotación…”

•          Instrumento técnico Ley 685 de 2001, Programa de trabajos y Obras – PTO

Artículo 84. Programa de trabajos y obras. Como resultado de los estudios y trabajos de exploración, el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este período, presentará para la aprobación de la autoridad concedente o el auditor, el Programa de Trabajos y Obras de Explotación que se anexará al contrato como parte de las obligaciones

Artículo 281.Aprobación del Programa de Trabajos y Obras. Presentado el Programa de Trabajos y Obras treinta (30) días antes de finalizarla etapa de exploración, la autoridad concedente lo aprobará o le formulará objeciones dentro de los treinta (30) días siguientes.

•          Instrumento técnico Decreto 1073 de 2015, Programa de trabajos y Obras Complementario – PTOC

“Artículo 2.2.5.4.2.9. Plan de Trabajos y Obras Complementario para las labores de auditoría o fiscalización diferencial. Anotado en el Registro Minero Nacional el Subcontrato de Formalización Minera, el subcontratista deberá presentar en el término de un (1) mes prorrogable por el mismo plazo, el Plan de Trabajos y Obras Complementario - PTOC para la fiscalización diferencial, atendiendo los términos de referencia dispuestos para el efecto por la Autoridad Minera Nacional. Este Plan deberá contar con la aprobación por parte del titular minero, mediante la suscripción del mismo...”

•          Instrumento técnico Ley 1955 de 2019, Resolución 603 de 2019 Plan de Trabajos y Explotación – PTE

“Artículo 26 Ley 1955 de 2019. FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES MINERAS. Las labores de exploración y explotación que se desarrollen a través de las figuras de reconocimientos de propiedad privada, Autorizaciones temporales, áreas de reserva especial declaradas y delimitadas por la autoridad minera nacional, solicitudes de legalización y formalización minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero serán objeto de fiscalización.”

“Artículo 2. Resolución 603 de 2019 Ámbito de Aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en la presente Resolución, son aplicables a los particulares y a las entidades territoriales que dentro del trámite de Autorización Temporal deben elaborar el correspondiente Plan de Trabajos de Explotación, para proyectos de construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales, o la explotación de nuevas fuentes de materiales para mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias, así como para el programa “Colombia Rural y a la autoridad minera para la evaluación, aprobación y fiscalización.”

•          Instrumento técnico Ley 1955 de 2019, Resolución 604 de 2019 Informe Anual de Labores Mineras Realizadas y el Programa de Labores mineras a Ejecutar

“Artículo 26 Ley 1955 de 2019. FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES MINERAS. Las labores de exploración y explotación que se desarrollen a través de las figuras de reconocimientos de propiedad privada, Autorizaciones temporales, áreas de reserva especial declaradas y delimitadas por la autoridad minera nacional, solicitudes de legalización y formalización minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero serán objeto de fiscalización.”

“Artículo 2. Resolución 604 de 2019 Ámbito de Aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en la presente Resolución, son aplicables a los beneficiarios mineros de Reconocimientos de Propiedad Privada —RPP quienes deben elaborar y presentar a la Autoridad Minera el correspondiente Informe Anual de Labores Mineras Realizadas y el Programa de Labores mineras a Ejecutar.”

•          Viabilidad ambiental Decreto 2655 de 1988

“Artículo 38. DECLARACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. Junto con el Informe Final de Exploración y el Programa de Trabajos e Inversiones, el interesado presentará la declaración de impacto ambiental que el proyecto minero pueda causar, con un breve enunciado de los correctivos y medidas que ofrece poner en práctica, para eliminar o mitigar los efectos negativos de la operación extractiva sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Esta declaración se hará en formulario diseñado por el Ministerio, de abreviado y fácil diligenciamiento.”

•          Viabilidad ambiental Ley 685 de 2001.

“Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutados por profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales.”

En primero lugar vemos que la respuesta no corresponde a la pregunta. Por otra parte consideramos que esta pregunta no pertenece a nuestra vicepresidencia ya que es competencia de Contratación y Titulación este asunto; la vicepresidencia de Seguimiento y Control solamente se encarga de emitir el estado de las obligaciones legales y contractuales del título minero.

No, el titular minero deberá contar con la respectiva viabilidad ambiental otorgada por la autoridad competente para poder ejecutar las labores explotación del área correspondiente al título minero; de no contar con dicho instrumento ambiental, será objeto de las sanciones a que haya lugar.

•          Viabilidad ambiental Decreto 2655 de 1988

“Artículo 38. DECLARACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. Junto con el Informe Final de Exploración y el Programa de Trabajos e Inversiones, el interesado presentará la declaración de impacto ambiental que el proyecto minero pueda causar, con un breve enunciado de los correctivos y medidas que ofrece poner en práctica, para eliminar o mitigar los efectos negativos de la operación extractiva sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Esta declaración se hará en formulario diseñado por el Ministerio, de abreviado y fácil diligenciamiento.”

•          Viabilidad ambiental Ley 685 de 2001.

“Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutados por profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales.”

· La Resolución 40925 de 31 de diciembre de 2019 determinó que los Formatos Básicos Mineros -FBM- deberán ser diligenciados y presentados por el titular minero o su apoderado y su información será refrendada por geólogo, ingeniero de minas o ingeniero geólogo matriculados, según el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas profesiones.

· Así mismo, el Parágrafo del artículo primero indicó que las personas obligadas a la presentación del Formato Básico Minero correspondiente al año 2019, deberán presentarlo, con la información establecida en el anexo número 1 de la precitada resolución, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la autoridad minera informe la puesta en producción del módulo respectivo en el Sistema Integral de Gestión Minera, es decir desde el 17 de julio de 2020.

· En cuanto a los FBM de vigencias anteriores, así como los ajustes o requerimientos realizados sobre los mismos, si bien se establece que se harán en la plataforma tecnológica SI. MINERO, la Resolución 40925 de 2019 determinó que una vez la autoridad minera informe la puesta en producción del módulo de Formato Básico Minero en el sistema de Gestión Minera, la cual tuvo lugar el 17 de julio de 2020, las personas que no lo hayan presentado o no hayan cumplido con los ajustes o requerimientos determinados por la autoridad minera nacional o su delegada, deberán diligenciarlos en el nuevo módulo. 

Conforme con lo anterior, es importante tener en cuenta que desde el 17 de julio de 2020 la plataforma tecnológica Si Minero tendrá como única función el tema consultivo de los Formatos Básicos Mineros de vigencias anteriores para el perfil del titular minero, es decir, que desde la fecha de puesta en marcha del módulo, toda presentación, tramite, ajuste o requerimiento se realizará a través del módulo FBM en el Sistema Integral de Gestión Minera -ANNA MINERIA-. 

*El procedimiento para el cálculo de la póliza minero ambiental  se encuentra en el Artículo 280 del Código de Minas:

Código de Minas
Artículo 280. Póliza minero-ambiental

“Al celebrarse el contrato de concesión minera el interesado deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía.

El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;

b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto;

c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno.

Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concedente, deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo. “

Como Autoridad Minera solamente certificamos que el titulo se encuentre en la etapa de explotación y se verifica en el PTO o PTI el uso y consumo de explosivos y el volumen a explotar a dicho año, y el pago y liquidación de regalías del año anterior.

Para la presentación de un amparo administrivo debe hacer los procedimientos establecidos en los artículos 307 y  308 de la Ley 685 de 2001:

“Artículo  307. Perturbación. El beneficiario de un título minero podrá solicitar ante el alcalde, amparo provisional para que se suspendan inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de terceros que la realice en el área objeto de su título. Esta querella se tramitará mediante el procedimiento breve, sumario y preferente que se consagra en los artículos siguientes. A opción del interesado dicha querella podrá presentarse y tramitarse también ante la autoridad minera nacional”.

“Artículo 308. La solicitud. La solicitud de amparo deberá hacerse por escrito con la identificación de las personas que estén causando la perturbación o con la afirmación de no conocerlas; el domicilio y residencia de las mismas, si son conocidas, y la descripción somera de los hechos perturbatorios, su fecha o época y su ubicación. Para la viabilidad del amparo será necesario agregar copia del certificado de Registro Minero del título”.

Los requisitos para la eplotación minera, los podrá encontrar en la ley 685 de 2001, en el capítulo II derecho a explorar y explotar en el artículo 14 y en el capítulo VII duración de la concesión minera de los articulos  70 al 77:

Capítulo II Derecho a explorar y explotar .

Título minero.

“Artículo 14. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto”.

Capítulo VII Duración de la concesión .
Duración total.

“Artículo 70. El contrato de concesión se pactará por el término que solicite el proponente y hasta por un máximo de treinta (30) años. Dicha duración se contará desde la fecha de inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional .
Artículo 71. Período de exploración. Dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de inscripción del contrato, el concesionario deberá hacer la exploración técnica del área contratada. A solicitud del proponente podrá señalarse en el contrato un período de exploración menor siempre que no implique exonerarlo de las obligaciones mínimas exigidas para esta etapa del contrato.

Artículo 72. Período de construcción y montaje. Terminado definitivamente el período de exploración, se iniciará el período de tres (3) años para la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesarios para las labores de explotación. Sin embargo el concesionario, sin perjuicio de su obligación de iniciar oportunamente la explotación definitiva, podrá realizar, en forma anticipada, la extracción, beneficio, transporte y comercialización de los minerales en la cantidad y calidad que le permitan la infraestructura y montajes provisionales o incipientes de que disponga. Para el efecto dará aviso previo y escrito a la autoridad concedente, de acuerdo con un Programa de Obras y Trabajos de la explotación provisional y anticipada.

Artículo 73. Período de explotación. El período máximo de explotación será el tiempo de la concesión descontando los períodos de exploración, construcción y montaje, con sus prórrogas. Si el concesionario resolviere dar comienzo a la explotación formal y definitiva de los minerales aunque no estuvieren completas las obras y equipos de infraestructura y montaje, bien sea usando estas instalaciones y obras provisionales, así podrá proceder dando aviso a la autoridad concedente y sin perjuicio de su obligación de tener completas y en uso normal las obras e instalaciones definitivas dentro del plazo correspondiente.

Artículo 74. Prórrogas. El concesionario podrá solicitar por una vez prórroga del período de exploración por un término de hasta dos (2) años, con el fin de completar o adicionar los estudios y trabajos dirigidos a establecer la existencia de los minerales concedidos y la factibilidad técnica y económica de explotarlos. En este caso, la iniciación formal del período de construcción y montaje se aplazará hasta el vencimiento de la prórroga del período de exploración. Igualmente el concesionario podrá solicitar prórroga del período de construcción y montaje por un término de hasta un (1) año. En este caso, la iniciación formal del período de explotación se aplazará hasta el vencimiento de la prórroga otorgada.

Artículo 75. Solicitud de prórrogas. Las prórrogas de que tratan las disposiciones anteriores se deberán solicitar por el concesionario con debida justificación y con antelación no menor de tres (3) meses al vencimiento del período de que se trate. Si la solicitud no ha sido resuelta antes del vencimiento de dicho período, se entenderá otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.

Artículo 76. Requisito de la solicitud de prórroga. Para que la solicitud de prórroga de los períodos establecidos en el Contrato pueda ser autorizada, el concesionario deberá haber cumplido con las obligaciones correspondientes y pagado las sanciones que se le hubieren impuesto hasta la fecha de la solicitud. Igual requisito será necesario para que opere el otorgamiento presuntivo de la misma de acuerdo con el artículo anterior.

Artículo 77. Prórroga y renovación del contrato. Antes de vencerse el período de explotación, el concesionario podrá solicitar una prórroga del contrato de hasta treinta (30) años que se perfeccionará mediante un acta suscrita por las parte s, que se inscribirá en el Registro Minero. Vencida la prórroga mencionada, el concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no tendrá que suspenderse mientras se perfecciona el nuevo contrato. En lo relativo al principio de favorabilidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 357 de este código”.

De acuerdo  a lo establecido en la Resolución 024 de 1994 de Ecocarbon, la solicitud de prórroga debe hacerse con un mínimo de seis meses de antelación a la fecha del vencimiento del mismo  de conformidad con la fecha de inscripción en el Registro Minero, para lo cual deberá demostrar con la actualización del PTI que existen reservas en dicha área.

En el articulo 85 de la ley 685 de 2001 en el capítulo VII los trabajos de exploración y  en el artículo 195 capitulo XX  aspectos ambientales establecen las obligaciones ambientales de explotación minera :

Capítulo VIII
Los trabajos de exploración

“Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutados por profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales”.

Capítulo XX
Aspectos ambientales

“Artículo 195. Inclusión de la Gestión Ambiental. Para todas las obras y trabajos de minería adelantados por contrato de concesión o por un título de propiedad privada del subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, preparación y ejecución, la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados.

En ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, concesiones, autorizaciones o licencias de orden ambiental, para obras y trabajos no amparados por un título minero”.

Conforme al Decreto 4134 de 2011, “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Minería”, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía”, dentro de las funciones a su cargo se encuentran entre otras, la de ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional.

En tal sentido, la Agencia Nacional de Minería - ANM tiene como objeto garantizar la explotación de los recursos no renovables, los cuales se encuentran en cabeza del Estado Colombiano, esto mediante la ejecución de procesos administrativos dispuestos en la Ley, que permiten a cualquier particular ejercer su derecho a solicitar como proponente un contrato de concesión, situación está que se encuentra descrita en la Ley 685 de 2001.

Por mandato del artículo 5” de la Ley 685 de 2001-Código de Minas, “Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos.  En ese entendido, el Estado otorga a los particulares que lo soliciten y cumplan con todos los requisitos exigidos por el Código de Minas, el derecho a explorarlos y explotarlos.

Al respecto, el Código de minas, señala en el artículo 14, que únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera,[1] de igual forma, el legislador se refirió en el capítulo XVII a la exploración y explotación ilícita, para lo cual, señalo que las actividades de exploración y explotación que se ejecuten sin el amparo de un título minero, son constitutivas de delito contemplado en el artículo 338 del Código Penal.[2] (Lo subrayado es mío, fuera de texto)

De acuerdo con lo dispuesto en la norma, se denomina título minero, al instrumento jurídico a través del cual se adquiere o constituye el derecho a explorar y explotar las minas, el cual únicamente se puede constituir a través del contrato de concesión minera. (Lo subrayado es mío, fuera de texto)

“Artículo 74. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. (Lo subrayado es mío, fuera de texto)

Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto”.

Por consiguiente, los requisitos que contempla la norma para el otorgamiento de un título minero se encuentran señaladas en los artículos 17, 34, 35, 36, 271 a 281 de la Ley 685 del 2011, según las cuales deben iniciar con la presentación de la propuesta del contrato de concesión realizada por el interesado.

Los requisitos de la propuesta de contrato de concesión están contenidos en el artículo 271 del Código de Minas, que establece:

Artículo 271. Requisitos de la propuesta. La propuesta para contratar, además del nombre, identidad y domicilio del interesado, contendrá:

a) El señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicación del área o trayecto solicitado;

b) La descripción del área objeto del contrato, y de su extensión;

c) La indicación del mineral o minerales objeto del contrato;

d) La mención de los grupos étnicos con asentamiento permanente en el área o trayecto solicitado y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera indígena, de comunidades negras o mixtas;

e) Si el área abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya exploración y explotación se requiera autorización o concepto de otras autoridades, deberán agregarse a la propuesta de acuerdo con el artículo 35;

f) El señalamiento de los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de exploración y el estimativo de la inversión económica resultante de la aplicación de tales términos y guías;

g) A la propuesta se acompañará un plano que tendrá las características especificaciones establecidas en los artículos 66 y 67 de este Código.

En efecto, la sola propuesta o solicitud de contrato de concesión minera, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Código de Minas, “...mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales.”

El artículo 50 de la Ley 685 de 2001- Código de Minas, es claro en establecer que el contrato de concesión minera debe estar suscrito la Autoridad Minera (Concedente) por una parte y por la otra, aquellas personas que tengan capacidad jurídica (Concesionario)

En este punto se debe indicar que, dentro de las obligaciones del contrato, se encuentra la de presentar ante la autoridad minera el documento técnico “Programa de Trabajos y Obras (PTO), para su debida aprobación; la cual es requisito para iniciar las actividades propias de la etapa de explotación; una vez, sea aprobado, se constituye como parte integral del contrato, el cual se convierte en una herramienta para que el concesionario realice las actividades allí descritas y el concedente pueda hacer la respectiva fiscalización al mismo.

Del mismo modo, es requisito indispensable que el concesionario tramite y obtenga ante las autoridades competentes[3], la Licencia Ambiental, la cual debe estar aprobada con el lleno de los requisitos legales para que ampare los trabajos definitivos de la explotación. En ese sentido, “la Licencia Ambiental comprenderá los permisos, autorizaciones, y concesiones de carácter ambiental para hacer uso de los recursos necesarios en el proyecto minero”.[4]  por lo que “sin la aprobación expresa del estudio de impacto ambiental y expedición de la licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera.[5]”

Igualmente, estas obligaciones se encuentran plasmadas en la Minuta del Contrato de Concesión que fue establecida y adoptada mediante Resolución No. 420 del 21 de junio de 2013, específicamente en la CLAUSULA QUINTA: Autorizaciones Ambientales (…).“Para las etapas de construcción y montaje y explotación, y para las labores de beneficio y las adicionales de exploración durante la etapa de explotación se debe contar con el acto administrativo ejecutoriado y en firme, en que la autoridad ambiental competente haya otorgado la Licencia Ambiental”. Así mismo, en la CLAUSULA SEPTIMA, en el literal 7.3: “Presentar el acto administrativo, ejecutoriado y en firme, en que la autoridad competente haya otorgado la Licencia Ambiental, para ejecutar las labores y trabajos de las etapas de Construcción y Montaje y Explotación” y el numeral 7.5: “Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el programa de trabajos y obras aprobado”.

De lo anterior se puede concluir, que la única forma de hacer explotación en el área de un título minero es que este se encuentre inscrito en el Registro Minero Nacional-RMN, y que cumpla con las obligaciones descriptas en los artículos 84, 85 y 281 del código de Minas y la Minuta del Contrato; es de resaltar, que de no cumplir con los requisitos enunciados, se estará incurriendo en un delito, de conformidad con los artículos 159 y 160 de la norma en comento y lo contemplado en el artículo 338 del Código Penal, que se configuran por la exploración, extracción o captación de minerales de propiedad de la Nación.

A través de cualquier medio electrónico o de manera presencial puede Ud. poner en conocimiento a la entidad sobre la actividad de extracción ilícita de minerales. La ANM de conformidad con el Decreto 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” debe trasladar a la DICAR -La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural es una dirección de la Policía Nacional de Colombia- Dirección encargada de adelantar toda la investigación y verificación de la denuncia relacionada con esta actividad.

Por otro lado, se informa que de conformidad con los artículos 159 y siguientes del Código de Minas-Ley 685 de 2001, la exploración y explotación sin título inscrito en el Registro Minero Nacional constituye el delito contemplado en el artículo 338 del Código Penal, el cual se configura por la exploración, extracción o captación de minerales de propiedad de la Nación.

“LEY 599 DE 2000. ARTÍCULO 338. EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

De esta forma, de manera inicial el legislador estableció el tema de minería ilegal en el régimen minero actualmente vigente, con la precisión que en atención al cambio que se produjo con la expedición de la Ley 599 de 2000 – Código Penal -, la referencia que se hace al artículo 244 del Código Penal que se encuentra en el artículo 159 del Código de Minas, se deberá entender hecha al artículo 334 de la Ley 599 de 2000, esto es al delito de extracción ilícita de yacimiento minero.

Adicionalmente, en el mismo Código de Minas se establecen, dentro del capítulo XXVII correspondiente al trámite de Amparo Administrativo, facultades específicas al Alcalde Municipal, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 306. MINERÍA SIN TÍTULO. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, inició con la adopción de medidas y mecanismos para el fortalecimiento de la actividad minera en condiciones de legalidad, así como mecanismos para la trazabilidad del comercio de los minerales y de control a la explotación ilícita de minerales, en tal sentido se encuentran los artículos 106 y 112 de la Ley 1450 de 2011, con el siguiente tenor:

ARTÍCULO 106. CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES. A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.

El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 112. MEDIDAS DE CONTROL A LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES. Para los fines de control de la comercialización de minerales, el Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS, o quien haga sus veces, deberá publicar la lista de los titulares mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuentan con las autorizaciones o licencias ambientales requeridas. Esta lista también debe incluir la información de los agentes que se encuentran autorizados para comercializar minerales.

Las autoridades ambientales competentes informarán, periódicamente al Ingeominas o la entidad que haga sus veces, las novedades en materia de licencias ambientales.

A partir del 1° de enero de 2012, los compradores y comercializadores de minerales sólo podrán adquirir estos productos a los explotadores y comercializadores mineros registrados en las mencionadas listas, so pena del decomiso por la Autoridad competente, del mineral no acreditado y la imposición de una multa por parte de la Autoridad Minera conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001.

Los bienes decomisados serán enajenados por las Autoridades que realicen el decomiso de los mismos y el producido de esto deberá destinarse por parte de dichas autoridades a programas de erradicación de explotación ilícita de minerales.

El Gobierno Nacional reglamentará el registro único de comercializadores y los requisitos para hacer parte de este[6].

En desarrollo de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional, señalada en el inciso final del artículo 112 de la Ley 1450 citado, fue expedido el Decreto 276 de 2015, compilado en el Decreto 1073 del mismo año, en cuyo artículo 2.2.5.6.1.4.2 dispuso:

ARTÍCULO 2.2.5.6.1,4.2 DECOMISO Y MULTA. Una vez la Policía Nacional incaute con fines de decomiso el mineral, cuya procedencia lícita no haya sido certificada, procederá a dejarlo a disposición del alcalde del lugar donde se realice dicha incautación, para los fines pertinentes, sin perjuicio de la información que deba suministrarse a la Fiscalía General de la Nación.

La acreditación de que habla el inciso anterior se demostrará,(i) para el caso Comercializador de Minerales Autorizado, con: (a) la certificación de inscripción en el RUCOM expedida por la Agencia Nacional Minería (b) copia certificado origen del mineral, (c) factura en el evento que se estime pertinente, (ii) para el caso del titular minero en de explotación, de los solicitantes de procesos legalización o formalización minera, beneficiarios de especial y subcontratos de formalización con: certificado de origen del mineral, (iii) para el caso del barequero o chatarrero, con: de inscripción en la alcaldía respectiva.

Una vez el alcalde reciba el mineral de parte de la Policía Nacional, efectuará el decomiso provisional del mismo y, no acreditarse la procedencia lícita, lo pondrá a disposición de la autoridad penal competente, la cual, una vez agotado el procedimiento respectivo, ordenará la enajenación a título oneroso y que el producto se destine a programas de erradicación de explotación ilícita de minerales.

Parágrafo 1. Cuando no se acredite ante la Policía Nacional de minerales comercializados, ésta informará a la Agencia Nacional Minería para que imponga una multa de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 en concordancia con lo establecido por el artículo 112 de la Ley 1450 2011, conforme a los para el fije el Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 2. La Policía Nacional para realizar la incautación, cumplirá con protocolos de actos urgentes, rotulación, embalaje, fijación fotográfica, cadena de custodia, entrevistas   y   demás      que   considere   para   dar   legitimidad   al procedimiento.

Aunado a lo anterior, a instancias de la Comunidad Andina de Naciones se discutió la creciente actividad minera en condiciones de ilegalidad, estableciendo que esta constituye un problema de carácter multidimensional de grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad de los Países Miembros, y atenta contra la aspiración de nuestras sociedades a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, social y ambiental sostenible; así mismo que el desarrollo de la actividad extractiva en condiciones de ilegalidad provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al medio ambiente y los recursos naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de recursos hídricos, la alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad, razón por la cual se aprobó la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal contenida en el Acuerdo 774 de 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, estableciendo en su artículo 6, lo siguiente:

ARTÍCULO 6.- PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO Y/O INCAUTACIÓN, DESTRUCCIÓN E INUTILIZACIÓN DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL

Los Países Miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas.

En desarrollo del anterior acuerdo fue expedido el Decreto 2235 de 2012, en el cual se faculta a la Policía Nacional para la destrucción de la maquinaria pesada[7] siempre que se estuviera ejerciendo la exploración o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente.

Por otra parte, la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía, en el capítulo correspondiente a la actividad minera, establece como actividades mineras objeto de control, las siguientes:

ARTÍCULO 105. ACTIVIDADES QUE SON OBJETO DE CONTROL EN EL DESARROLLO DE LA MINERÍA. Las siguientes actividades son contrarias a la minería y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas o a la imposición de medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009, según sea el caso y sin perjuicio de las de carácter penal o civil que de ellas se deriven:

1. Desarrollar actividades mineras de exploración, explotación, o minería de subsistencia o barequeo en bocatomas y áreas declaradas y delimitadas como excluibles de la minería tales como parques nacionales naturales, parques naturales regionales, zonas de reserva forestal protectora, páramos y humedales Ramsar.
2. Realizar exploraciones y explotaciones mineras sin el amparo de un título minero debidamente inscrito en el registro minero nacional, autorizaciones temporales, solicitudes de legalización, declaratoria de área de reserva especial, subcontratos de formalización o contrato de operación minera y sin la obtención de las autorizaciones ambientales necesarias para su ejecución.
3. Explorar y explotar los minerales en playas o espacios marítimos sin el concepto favorable de la autoridad competente, además de los requisitos establecidos en la normatividad minera vigente.
4. No acreditar el título minero, autorización temporal, solicitud de legalización, declaratoria de área de reserva especial, subcontrato de formalización o contrato de operación minera, cuando sean requeridos por las autoridades.
5. Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia ambiental o su equivalente, de conformidad con la normativa vigente.
6. Generar un impacto ambiental irreversible, de acuerdo con las normas sobre la materia.
7. Incumplir los requisitos legales vigentes para realizar actividades de barequeo y demás actividades de minería de subsistencia.
8. Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar o procesar insumos químicos utilizados en la explotación ilícita de minerales.
9. Comercializar minerales sin el cumplimiento de los requisitos y permisos establecidos en la normatividad minera vigente.
10. Fundir, portar, almacenar, transportar o tener minerales sin contar con el certificado de origen que demuestre la procedencia lícita de estos.
11. Beneficiar minerales sin el certificado de inscripción en el Registro Único de Comercializadores (RUCOM), o sin estar en el listado de este registro cuando la planta se encuentra dentro de un título minero.
12. Beneficiar minerales sin demostrar su lícita procedencia o con incumplimiento de la normatividad minera vigente.
13. Utilizar medios mecanizados en actividades de explotación que no cuenten con el amparo de un título minero inscrito en el registro minero nacional, licencia ambiental o su equivalente según la normatividad vigente.
14. Beneficiar oro en zonas de uso residencial, comercial, institucional o recreativo.

Lo anterior, es claro que no es excluyente de las medidas administrativas, sancionatorias y penales en las que pueda incurrir el explotador minero ilegal determinadas en las normas ambientales (Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009) y en el mismo Código Penal relativas a los impactos ambientales que se generen o de los delitos vinculados con la afectación a los recursos naturales.

Frente a su interrogante le manifiesto que la Agencia Nacional de Minería-ANM como autoridad minera sólo posee la competencia para realizar el seguimiento a aquellos títulos que se encuentran inscritos en el RMN, dejando por fuera de nuestra orbita de acción aquellos que se denominan según la Ley de explotación ilícita de minerales. Por tal razón, cualquier queja o denuncia que se interponga se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, Alcaldía del Municipio a cargo de la jurisdicción del lugar y a la Policía Nacional, para que dentro de la órbita de sus competencias tomen las acciones a que haya lugar.

[1] Ver Ley 685 de 2001. Articulo 14 Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera [45], debidamente otorgado e inscrito en el registro minero nacional. Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.

[2] Ver Ley 685 de 2001. Artículo 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

[3] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 2041 de 15 de octubre de 2014.” Por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 del 93 sobre licencias ambientales.” Articulo 2 Autoridades competentes.

[4] Artículo 207. Clase de licencia. La Licencia Ambiental para las obras y trabajos del concesionario se otorgará de manera global para la construcción, montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales. La Licencia Ambiental comprenderá los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental para hacer uso de los recursos necesarios en el proyecto minero. La vigencia de dichos permisos y concesiones será igual a la de la Licencia Ambiental.

[5] Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutadas por profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales.

[6] Actualmente el Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM se encuentra reglamentado por medio del Decreto 206 de 2015 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía 1073 de 2015.

[7] Según el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 2235 de 2012. Se entiende como maquinaria pesada “las dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales, con similares características técnicas.”

La minería es una actividad económica consistente en el aprovechamiento de minerales del suelo y el subsuelo. En Colombia, esta actividad se realiza bajo autorización del Estado, a través de un título o contrato de concesión minera y los permisos ambientales correspondientes. La minería, en oposición a la extracción ilícita de minerales, es una fuente de empleo, genera ingresos e inversión social a la Nación, así como oportunidades de crecimiento y diversificación económica.

Los minerales constituyen materias primas que se encadenan con múltiples sectores, como el de alimentos, construcción, tecnología, transporte y agricultura. Sin la minería no podemos vivir; de hecho, en la vida cotidiana el uso de minerales es más común de lo imaginado. La sal, papel de impresión, vidrios, crema dental, bombillos, vajilla, porcelanas, productos de aseo del hogar e higiene personal, cosméticos, ingredientes de alimentos procesados y equipos electrónicos, entre otros bienes, se fabrican con minerales.

Por último, la minería implica la implementación de Planes de Gestión Social, instrumento que promueve oportunidades para crear beneficios tangibles y sostenibles en el área de influencia directa e indirecta de un proyecto minero, complementando la inversión social del Estado para atender las necesidades de la población en dichas áreas. Así mismo, las regiones no productoras también acceden a estos beneficios a través de la asignación de una parte de las regalías generadas por la actividad minera.

REGALÍAS

• En 2018 se logró un récord histórico en el recaudo de regalías y contraprestaciones económicas por concepto de la explotación de minerales en el país, alcanzando los $2.5 billones de pesos, con un incremento del 20% comparado con 2017; dichos resultados obedecen, entre otros factores, al incremento de los precios de los minerales, y al seguimiento efectivo que se les ha hecho a los títulos mineros vigentes en el territorio nacional.
• El incremento en las regalías tiene dos causas: la primera es el precio del carbón (aportó el 89% de las regalías mineras), cuyo valor aumentó aproximadamente en un 15% durante 2018; Aunque la producción de carbón  fue menor, los precios permitieron un incremento del 21.2% frente a los aportes de 2017 por concepto de regalías. Entre tanto, el níquel, mineral que se utiliza para producir aceros especializados en diferentes industrias como la de automóviles y la aeronáutica, entre otras, representó un 5.4% de las regalías mineras en 2018, aumentando su aporte en un 64% en comparación con 2017. En materia de producción, el níquel mostró una importante recuperación, pasando de 89.5 millones de libras a 94.9 millones de libras, con un incremento del 6%.

Fuente estadística DANE

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

Carbón térmico, carbón metalúrgico, níquel, oro, plata, platino, esmeraldas, hierro, cobre, sal, azufre, yeso, roca fosfórica, calizas, arcillas, mármol, roca coralina, travertinos y calizas cristalinas, silicato de magnesio, arenas silíceas, barita, bauxita, cuarzo, feldespatos, talco, arena negra, cromo, volframio, magnesio, manganeso, arenas, asfaltitos, diabasa, grava, recebo.

https://www.anm.gov.co/?q=regalias-contraprestaciones-economicas&field_tipo_de_regal_a_y_o_contra_value=ProduccionNacionalMinerales

En 2018, el Servicio Geológico Colombiano – SGC - llegó al 71% del conocimiento geológico, 70% del conocimiento geofísico y 35% del conocimiento geoquímico del subsuelo del país. Además, durante 2016 y 2017, la entidad publicó los mapas metalogénico, geológico, geofísico, etc.

https://www2.sgc.gov.co/sgc/mapas/Geoservicio/Paginas/geoservicios.aspx

En Colombia, el derecho a explorar y extraer recursos minerales se adquiere a través de un contrato de concesión que puede durar hasta 60 años, otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) e inscrito en el Registro Minero Nacional.

Existen dos maneras de acceder a este derecho:

1. Primero en el tiempo, primero en derecho: En las áreas libres para el desarrollo de la minería, la primera solicitud o propuesta de concesión minera confiere un derecho de prelación frente a otros interesados para obtener la concesión, en caso de que se cumplan los requisitos legales.
2. Negociación de un título minero existente: Los títulos son negociables entre partes privadas y los derechos de concesión podrán transferirse en su totalidad o en parte por medio de una cesión que requiere aprobación de la autoridad minera.

El contrato de concesión otorga el derecho exclusivo de realizar las obras necesarias para explorar, explotar, procesar, transportar y embarcar los minerales específicos cubiertos por el título, en los términos y condiciones establecidos en el Código Minero. Los titulares pueden solicitar una adición al contrato de concesión si encuentran otros minerales dentro del área otorgada que no están incluidos en su concesión inicial.

En cumplimiento de los fallos de las altas cortes, la ANM ha creado un proceso de titulación que involucra hacer concertaciones con las autoridades locales, con el fin de definir las áreas susceptibles para el desarrollo de proyectos mineros y llevar a cabo audiencias de participación ciudadana que tienen como finalidad brindar la oportunidad a la comunidad en general, organizaciones sociales y otros, de presentar sus argumentos, opiniones e inquietudes sobre la titulación minera en su territorio.

A comunidades mineras que realicen explotaciones tradicionales, sin título minero inscrito, explotaciones que deben realizarse desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001.

La ventaja es que la comunidad minera inicia su proceso de legalización y de reconocimiento como mineros tradicionales en caso de cumplir los requisitos exigidos a través del artículo 3º de la Resolución No. 546 de 20 de septiembre de 2017 de esta Agencia. Una vez se determine la viabilidad técnica y socioeconómica para la declaración y delimitación del Área de Reserva Especial, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento expide el acto administrativo a través del cual se declara y delimita el ARE, se identifica la comunidad minera beneficiaria de la misma y se imponen las obligaciones a los beneficiarios. En firme este acto administrativo, se incluye en el Catastro Minero Colombiano y los integrantes de la comunidad minera beneficiaria, en el Registro Único de Comercializadores de Minerales –RUCOM, para que en uso de la prerrogativa legal concedida continúen con las explotaciones mineras y comercialicen el mineral obtenido, hasta tanto se firme el  contrato especial de concesión en los términos del artículo 165 y 248 de la Ley 685 de 2001.

En los términos del artículo 3° de la Resolución 546 de 2017, los siguientes son los requisitos para iniciar un trámite de solicitud de declaración y delimitación del ARE:

- La solicitud de declaratoria de Área de Reserva Especial debe presentarse por escrito o a través de la ventanilla electrónica que para tales efectos establezca la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, acompañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes de la comunidad minera.
2. Solicitud suscrita por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad minera, quienes deberán aportar su dirección de domicilio y/o correo electrónico.
3. Coordenadas en “Datum Bogotá” o cualquier otro sistema de información geográfica, mediante el cual se identifiquen las bocaminas o frentes de explotación.
4. Nombre de los minerales explotados.
5. Descripción de la infraestructura, métodos de explotación, herramientas, equipos utilizados y tiempo aproximado del desarrollo de las actividades que se relacionen con el desarrollo tradicional de la actividad minera.
6. Descripción y cuantificación de los avances en cada uno de los frentes de explotación que sustenten el tiempo de antigüedad de la actividad minera desarrollada.
7. Manifestación escrita de la comunidad minera tradicional, suscrita por todos sus integrantes, en la cual se indique la presencia o no de comunidades negras, indígenas, raizales, palenqueras o ROM, dentro del área de interés. En caso de existir dichas comunidades étnicas se podrá aportar la correspondiente certificación de sus dirigentes en donde manifiesten estar de acuerdo con la actividad minera adelantada por los peticionarios.
8. Cuando la comunidad minera presente la solicitud de declaración y delimitación del Área de Reserva Especial a través de una persona jurídica, esta deberá estar conformada por miembros de dicha comunidad y acreditar que su objeto social incluye el desarrollo de actividades mineras.
9. Los medios de prueba que demuestren la antigüedad de la actividad de explotación tradicional dentro del área solicitada, es decir, que ésta ha sido desarrollada desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001 y que puede ser cualquiera de los siguientes:

1. Documentos que den cuenta de la actividad comercial, en los cuales se indique la fecha de creación o elaboración del documento, el nombre de los intervinientes y la clase de mineral comercializado, tales como facturas, comprobantes de venta del mineral, comprobantes de pago de regalías o cualquier otro documento que demuestre tradicionalidad.
2. Declaraciones de terceros, las cuales se entenderán hechas bajo la gravedad del juramento, en las que conste la relación comercial de compraventa del mineral explotado entre el minero solicitante del Área de Reserva Especial y quienes las expiden. Estas deben especificar claramente: las partes intervinientes en las respectivas transacciones comerciales, el mineral comercializado, las cantidades vendidas/compradas, el valor total de las operaciones y las fechas o periodos durante los cuales se realizaron dichas actividades comerciales.
3. Certificación emitida por autoridad municipal, local o regional en la que se identifique plenamente los mineros peticionarios, el mineral que explota, el lugar en donde adelantan la actividad minera y el tiempo durante el cual vienen realizando la actividad de extracción de minerales.
4. Comprobantes de pago de regalías.
5. Comprobantes de pago de salarios al personal que labora en la mina.
6. Comprobantes de pago o certificación de afiliación del personal que labora en la mina a riesgos laborales.
7. Planos de la mina con constancia de recibido de alguna entidad pública.
8. Permisos ambientales para el uso y manejo de los recursos naturales renovables para la explotación de la mina y/o licencias o planes de manejo o de restauración ambiental relacionados con la actividad minera en el área que se solicita.
9. Informes y/o actas de visita a la mina expedidos por autoridades locales, mineras o ambientales.
10. ¿Qué consecuencias trae no probar la condición de comunidad minera que adelanta explotaciones tradicionales?

Para acceder a ser beneficiario de un área de reserva especial se deben cumplir los siguientes supuestos normativos:

1. Ser parte de una comunidad minera la cual es definida en los siguientes términos[1]:

“Comunidad Minera: Para efectos de la declaratoria de áreas de reserva especial de que trata el artículo 31 del Código de Minas, se entiende por comunidad minera la agrupación de personas que adelantan explotaciones tradicionales de yacimientos mineros en un área específica en común.”

2. Probar la existencia de explotaciones tradicionales las cuales se definen así[2]:

“Explotaciones Tradicionales: Es la actividad minera realizada por personas vecinas del lugar que no cuentan con título minero y que por sus características socioeconómicas se constituye en la principal fuente de ingresos de esa comunidad. Las explotaciones mineras deberán haber sido ejercidas desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, por parte de la comunidad minera solicitante (…)”

Si los peticionarios de la declaración y delimitación de un área de reserva especial no cumplen estos supuestos de hecho, su petición es rechazada por esta Entidad y se comunica a las autoridades competente para que procedan a imponer las medidas administrativas y penales a que haya lugar por la explotación ilícita de minerales (artículos 159, 160, 161 y 306 de la Ley 685 de 2001).

No existe restricción en la presentación de solicitudes a menos que sea por superposición del área solicitada con títulos mineros o zonas excluibles de la minería.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12° de la Resolución 546 de 2017, el término para adelantar el trámite de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial no podrá exceder de ocho (8) meses contados a partir de la radicación de la correspondiente solicitud.

El trámite de declaración y delimitación de un área de reserva especial es totalmente gratuito ante esta entidad. No se requiere cancelar dinero alguno por adelantarlo. En igual medida, los interesados pueden realizar en forma directa la actuación sin necesidad de la ayuda de intermediarios y/o apoderados.

Para solicitar la declaración y delimitación de un área de reserva especial únicamente se deben aportar las coordenadas en “Datum Bogotá” o cualquier otro sistema de información geográfica, mediante el cual se identifiquen las bocaminas o frentes de explotación. Estas coordenadas serán utilizadas por la ANM para ubicar los puntos de explotación y de esta forma determinar el posible área susceptible de desarrollar el proyecto minero especial.

En firme el acto administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial, la comunidad minera beneficiaria del ARE podrá realizar la explotación y comercialización del mineral y deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Resolución 546 de 2017 el cual se cita a continuación:

ARTÍCULO 14° OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD MINERA TRADICIONAL DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL DECLARADA. En atención, a que la condición de explotador minero autorizado se obtiene una vez se encuentre en firme el acto administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial y mientras se otorgue el correspondiente contrato especial de concesión o, se termine el Área de Reserva Especial declarada y delimitada por las causales establecidas en el artículo 23 del presente acto administrativo, la comunidad beneficiaria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas de seguridad minera de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código de Minas;
2. Presentar o ajustar el correspondiente Programa de Trabajos y Obras –PTO, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 685 de 2001, en los términos establecidos en la presente resolución.
3. Cumplir con la normatividad ambiental relativa al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, so pena de las medidas que adopte la autoridad ambiental competente en el marco de sus competencias.
4. Declarar, liquidar y pagar las regalías correspondientes a la explotación minera realizada en el formulario diseñado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería, dentro de los diez (10) días hábiles a la finalización de cada trimestre de conformidad con la normatividad vigente.
5. Dar cumplimiento a las normas que regulen la comercialización de minerales.
6. Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas.
7. Adelantar el trámite ante la autoridad ambiental competente para la sustracción del área de reserva forestal que se superponga con el Área de Reserva Especial declarada y delimitada, si a ello hubiere lugar.
8. Las demás que se deriven de la presente resolución y la normatividad que regule la materia.

Una vez elaborados los estudios geológico–mineros, estos son entregados a la comunidad minera beneficiaria del ARE para que, sobre los mismos, elaboren el respectivo Programa de Trabajos y Obras –PTO dentro del año siguiente a su entrega; tiempo que puede ser prorrogado por un término igual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17° de la Resolución 546 de 2017. Al ser entregado el correspondiente –PTO, esta Agencia procede a realizar su evaluación conforme con el artículo 18º de la misma resolución y a requerir el correspondiente ajuste en caso de ser necesario para lo cual, los beneficiarios del ARE cuentan con un término máximo de 30 días hábiles para presentarlo, so pena de darse por terminada el ARE. A continuación se citan los artículos antes indicados:

ARTÍCULO 17°. PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS –PTO. La comunidad minera beneficiaria de un Área de Reserva Especial, a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega de los estudios geológico –mineros, contará con un término de un (1) año, prorrogable por un término igual, para presentar el Programa de Trabajos y Obras, de conformidad con los términos de referencia adoptados la Agencia Nacional de Minería para tal fin.

ARTICULO 18°. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS – PTO. Una vez presentado el Programa de Trabajos y Obras por parte de los beneficiarios del Área de Reserva Especial, el Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, procederá a su evaluación, emitiendo el respectivo concepto de aprobación o solicitando los ajustes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 685 de 2001, o la norma que lo modifique o sustituya.

PARÁGRAFO. Los ajustes al Programa de Trabajos y Obras –PTO, deben ser requeridos por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces a los beneficiarios del área de reserva especial declarada y delimitada a través de acto administrativo, quienes contarán con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, para presentar los ajustes requeridos, so pena de dar por terminada el área de reserva especial.

Las áreas de reserva especial declaradas y delimitadas por la autoridad minera pueden ser terminadas por las causales establecidas en el artículo 23 de la Resolución No. 546 de 2017 de esta Agencia, el cual se cita a continuación; hecho que trae como consecuencia la culminación de la prerrogativa de explotación concedida a la comunidad minera y la desanotación del polígono delimitado en el Catastro Minero Colombiano:

ARTÍCULO 23°. TERMINACIÓN DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL. La Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, mediante acto administrativo motivado dará por terminada el Área de Reserva Especial declarada y delimitada por algunas de las siguientes causas:

1. Cuando los estudios geológico-mineros establezcan que no es viable desarrollar un proyecto de minería especial, de que trata el artículo 248 de la Ley 685 de 2001.

2. Por la no presentación del Programa de Trabajos y Obras -PTO. en el plazo establecido, o por el incumplimiento de los requerimientos que efectúe la Agencia Nacional de Minería frente a la complementación del mismo.

Como consecuencia de la expedición del acto administrativo que no acceda a la sustracción del área de reserva forestal creada por la Ley 2ª de 1959 o de reserva forestal regional que presente superposición con el Área de Reserva Especial declarada y delimitada.

4. Por incumplimiento reiterado de los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través del acto administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial y de las normas de seguridad minera.

5. Por el no pago o el pago incompleto de las regalías en los términos y condiciones establecidos por la ley.

6. Por solicitud de la comunidad minera tradicional.

7. Por la extinción de la comunidad minera tradicional que dio origen a la delimitación del Área de Reserva Especial.

8. Por realizar explotación fuera del Área de Reserva Especial declarada y delimitada o por el abandono injustificado de los trabajos mineros.

9. Cuando técnicamente se determine que la actividad minera adelantada no cumple con las condiciones de seguridad minera de conformidad con el artículo 97 de la Ley 685 de 2001, siempre que se evidencien riesgos inminentes para la vida de los trabajadores.

10. Por incumplimiento de las normas que regulen la comercialización de minerales.

11. Por providencia judicial o administrativa emitida por la autoridad competente y que esté debidamente ejecutoriada que impida ejercer la actividad minera a la comunidad beneficiaria del Área de Reserva Especial.

12. Por la no suscripción del contrato especial de concesión por parte de los integrantes de la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial, dentro del término establecido a través del correspondiente requerimiento realizado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería.

PARÁGRAFO. Ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se da por terminada el Área de Reserva Especial, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces ordenará la liberación del área declarada y delimitada en el Catastro Minero Colombiano o el sistema que haga sus veces y la correspondiente desanotación de los beneficiarios de la misma, en el Registro Único de Comercializadores de Minerales –RUCOM, así como de las personas que hayan sido excluidas de la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 14 de la presente resolución.

Así mismo, la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces enviará comunicación al (los) alcalde (s) municipal (es) y a la (s) autoridad (es) ambiental (es) competente (s) en la jurisdicción en donde se localizaba el Área de Reserva Especial para que se tomen las medidas a que haya lugar.

La Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la ANM procederá a celebrar el respectivo contrato especial de concesión minera con los beneficiarios del área de reserva especial una vez se encuentre aprobado el correspondiente Programa de Trabajos y Obras –PTO por la Vicepresidencia de Promoción y Fomento. En igual medida, el contrato especial de concesión solo se celebrará con aquellos beneficiarios que no se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades establecidas por la ley para acceder al mismo (artículo 21º Resolución 546 de 2017).

[1] Resolución No. 4 1107 de 18 de noviembre de 2016 “Por la cual se incluyen y modifican algunas definiciones en el Glosario Técnico Minero”,

[2] Resolución No. 4 1107 de 18 de noviembre de 2016 “Por la cual se incluyen y modifican algunas definiciones en el Glosario Técnico Minero”,

Es aquel que está integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención de las metas u objetivos previstos.

El control Interno no es un evento aislado, es una serie de operaciones de control que ocurren de forma constante que se dan a través del funcionamiento y operación de las instituciones públicas.

Los principios por los cuales se rige el Sistema de Control Interno son tres:

• Autocontrol: Es la capacidad de los servidores públicos para autoevaluar su trabajo, detectar desviaciones, y efectuar los correctivos de tal manera que la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades que están bajo su responsabilidad garanticen una gestión transparente y efectiva.
• Autorregulación: es la capacidad que tiene la Institución para reglamentar, con base en la Constitución, las leyes, y sus reglamentos los asuntos propios de su función.
• Autogestión: Es la capacidad institucional para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función Administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la Ley.

La Oficina de control Interno está definida en la ley 87 de 1993, como uno de los componentes del sistema de control Interno, del nivel directivo, asesorando a la Alta dirección en el ejercicio de sus funciones.  La Oficina de Control Interno Disciplinario se rige por la ley 1952 de 2019 la cual derogo la ley 734 de 2002, es un elemento indispensable de la administración  Publica, en la medida en que el mismo se orienta a garantizar que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y libertades de los asociados, la Oficina de Control interno Disciplinario es la encargada de adelantar las investigaciones Disciplinarias por quejas orales o escritas o de oficio, llegan contra los servidores públicos que laboran en la entidad.

La relación entre las dos oficinas se da en que ambas velan por el buen desempeño de la gestión administrativa apoyando el correcto desempeño de sus funciones y velando por el buen funcionamiento de los servidores que ejercen su labor. De igual forma  se relacionan cuando se presentan los hallazgos de auditoría y los requerimientos que puedan presentarse por parte y en desarrollo de sus funciones.

No. A la Oficina de Control Interno no le corresponde adelantar investigaciones disciplinarias a funcionarios de la entidad. Su función  es de apoyo a la gestión, con relación el régimen disciplinario, es el control del mismo y el traslado  de las quejas que lleguen orales o escritas o de oficio, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de los casos que lleguen.

Los cambios en la dirección de las entidades no deben afectar el nombramiento de los Jefes de Control Interno dado que el nominador es el Presidente de la República y de él depende la continuidad en el cargo de estos servidores.

Dando cumplimiento a los roles establecidas en el Decreto 648 de 2017 en su artículo “ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.  Mediante las asesorías o acompañamiento cuando lo requiera el proceso, así como los resultados de las auditorías internas que se realizan de acuerdo al Plan Anual de Auditorías.

Las funciones del auditor interno son:

• Planear y desarrollar la evaluación del Sistema de Control Interno.
• Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecidos.
• Verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes.
• Servir de apoyo en la toma de decisiones.
• Verificar el correcto manejo de los recursos.
• Fomentar la cultura del Autocontrol al interior de la entidad.
• Mantener informados a los directivos sobre el estado del Sistema de Control Interno.
• Verificar la aplicación de las recomendaciones formuladas dentro del Informe de Auditoría.

Es un examen sistemático, objetivo, documentado e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una organización, para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos en el programa de auditoría.

El Modelo Integrado de Planificación y Gestión –MIPG- es una herramienta que simplifica e integra los sistema de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad y los artículo con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad  más sencillos y eficientes.

No. Las recomendaciones realizadas por la oficina de Control Interno no son de obligatorio cumplimiento, solo son una guía de asesoramiento, queda a discreción del área evaluada o del nivel directivo a  través  de  un  análisis  de  causas  establecer  las  acciones más apropiadas  frente a las observaciones realizadas, sin embargo, se procura a través de los compromisos de mejoramiento, formular acciones correctivas a las inconsistencias detectadas.

Los que sí es obligatorio es que las áreas evaluadas establezcan correctivos sobre las observaciones de la gestión que realiza la OCI a través de sus seguimiento y evaluaciones.

Es el órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno de una entidad pública (Decreto 1083 de 2017, artículo 2.2.21.1.5).

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que se establece para las entidades del Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos.

Es el Modelo Integrado de Planificación y Gestión –MIPG- . Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.  MIPG el cual surge de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión, y de la articulación de este con el Sistema de Control Interno.

La dimensión séptima de MIPG es la dimensión de Control Interno y tal como lo establece el Manual operativo de MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

El manual operativo de MIPG señala que “la séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Es importante indicar que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI se actualiza en el marco de MIPG; el MECI ha sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades, que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 1993.

El MECI es el Modelo Estandar de Control Interno que deberán seguir implementando tanto las entidades objeto de MIPG, como aquellas a las que no les aplica dicho Modelo; los lineamientos para su implementación se enmarcan esta séptima Dimensión.

El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).

La estructura del MECI está contemplada dos aspectos fundamentales:  el esquema de las Líneas de Defensa y los componentes COSO.

Los componentes del COSO son 5: Ambiente de Control; Evaluación del Riesgo; Actividades de Control; Información y Comunicación, y Actividades de Monitoreo.

Es el esquema de asignación de responsabilidades para la gestión de riesgos y del control en una entidad, a través de cuatro roles: línea estratégica, integrada por la alta dirección de la entidad y el comité institucional de control interno; primera línea de defensa, integrada por los gerentes públicos y líderes de procesos, programas y proyectos; segunda línea de defensa, integrada por las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos; tercera línea de defensa, integrada por las oficinas de control interno. Este esquema permite distribuir estas responsabilidades en varias áreas y evitando concentrarlas exclusivamente en las oficinas de control.

Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión o evaluar los resultados de una entidad.

Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de desarrollo o cambios de un proceso.

El pre-conteo es un mecanismo implementado por la Agencia Nacional de Minería con el propósito de verificar que la producción a adquirir por los comercializadores de minerales autorizados,   procedente de las actividades de extracción de los mineros de subsistencia se encuentre dentro de los volúmenes máximos permitidos, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40103 del 9 de febrero de 2017. Este trámite es solicitado previo a la radicación de un trámite en Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE-.

Los requisitos mínimos para presentar el pre-conteo son:

• Nombre completo del comercializador autorizado de minerales
• Número de identificación del comercializador
• Nombre del minero de subsistencia
• Número de identificación del minero de Subsistencia
• Cantidad del metal precioso a adquirir (Gramos Brutos)
• Detallar la cantidad aproximada de gramos finos por mineral (oro, plata y platino)
• Fecha de producción mineral
• Número consecutivo interno del listado determinado por el Comercializador
• Municipio y Departamento del barequero

Se debe tener en cuenta que los datos o registros deberán venir en MAYUSCULA, sin tildes, sin signos de puntuación y sin espacios adicionales. De no presentarse bajo estas indicaciones, la solicitud será devuelta.

*Se adjunta formato sugerido por la ANM.

Las observaciones o inquietudes que se presenten en relación con MODIFICACIONES, ANULACIONES O RECHAZOS respecto a trámites de pre-conteo y solicitud de visto bueno son recibidas al correo maria.castro@anm.gov.co. Detallar de forma precisa el asunto a tratar.

El término máximo en que la entidad verifica y aprueba un trámite de pre-conteo es de tres días hábiles, es importante indicar que cada uno de ellos se atiende según el orden de llegada.

Si se presenta alguna inconsistencia y el trámite es devuelto, el usuario deberá subsanar la deficiencia y presentar una nueva solicitud, la cual entrará en el último turno. Tenga en cuenta que es deber de la entidad respetar el derecho de turno que tienen todos los usuarios.

El término máximo para la entidad para expedir un Visto Bueno previo a la exportación de metales preciosos es de tres días hábiles, es importante indicar que cada uno de ellos se atiende según el orden de llegada.

Si se presenta alguna inconsistencia y el trámite es devuelto, el usuario deberá subsanar la deficiencia y presentar la corrección a través de la VUCE, la cual entrará en el último turno. Tenga en cuenta que es deber de la entidad respetar el derecho de turno que tienen todos los usuarios.

 ¿Por qué motivo un trámite de visto bueno es devuelto por la ANM?

A instancia de la ANM, el trámite de visto bueno podrá ser devuelto por las causas que se citan a continuación:

• Pago incompleto de la regalía.
• No se adjuntó alguno de los soportes documentales necesarios para la verificación, análisis y aprobación del trámite (Certificados de origen, declaración de producción para mineros de subsistencia, soportes de pago de las regalías, formato acreditación de la factura de casa de compraventa, facturas, documentos equivalentes o soporte de pago de la contribución parafiscal)
• Errores de digitación dentro del formato para reporte de agentes retenedores de regalías de metales preciosos a la agencia nacional de minería – ANM
• Liquidación errada de las regalías en cuanto al precio de liquidación del mes correspondiente y/o porcentaje de liquidación.

Conviene precisar que una vez verificada la ocurrencia de alguna o varias de las causales de devolución, esta Agencia, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE - procede a “Solicitar Información Adicional” al interesado, permitiendo así que el trámite ya adelantado conserve su validez y que el exportador tenga la opción de ajuntar la información faltante.

Una vez el trámite sea devuelto, el interesado cuenta con un término de tres (3) días para adjuntar la información solicitada a través de la VUCE, so pena de rechazo.

El trámite de visto bueno previo es rechazado por las causas que se indica a continuación:  

• El explotador del mineral no se encuentre publicado en los listados del Registro Único de Comercializadores de Minerales –RUCOM-.
• El comercializador de minerales o planta de beneficio no se encuentra debidamente certificado por la ANM como comercializador de minerales autorizados.
• Se reporte producción procedente de Mineros de Subsistencia que sobrepasen los volúmenes máximos de producción anual fijados por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40103 de 2017.
• No adjuntar dentro de los términos establecidos la información adicional que requiera la ANM a través de la VUCE.
• No se adjunte ninguno de los soportes documentales necesarios para la verificación, análisis y aprobación del trámite (Certificados de origen, declaración de producción, soportes de pago de las regalías, formato acreditación de la factura de casa de compraventa, facturas, documentos equivalentes, entre otros)
• Certificados de origen o Declaraciones de Producción expedidos por personas naturales o jurídicas que legalmente no están autorizadas.
• Certificados de origen o Declaraciones de Producción con información errada o incompleta.
• La información registrada por el exportador en los formularios de la VUCE no corresponda con la presentada en los soportes documentales.
• La presentación de pagos de regalías usados para soportar pagos en otros procesos para generación del visto bueno.
• Duplicidad en la información con otro radicado.
• La sub partida arancelaria no corresponda con el mineral, producto o subproducto minero objeto de exportación.
• La indicación de una unidad de medida diferente a la utilizada y/o permitida para la presentación y liquidación de regalías de metales preciosos.
• El valor FOB no corresponda con el porcentaje de la variación (variación entre el precio de venta estipulado diariamente por El Banco de la Republica versus el precio de venta de la transacción).
• No se demuestre plenamente la trazabilidad del mineral a exportar, cadena de explotación hasta destino final.

Una vez la ANM haya tomado la determinación de rechazar el trámite de visto bueno, El exportador deberá generar un nuevo radicado en la VUCE

El exportador deberá generar un nuevo radicado en la VUCE. En donde le solicitara a la ANM la anulación del trámite de visto bueno anterior, por medio de un oficio en el que justifique el motivo por el cual no se completó el proceso de exportación. En este evento, la ANM consulta a la DIAN para que verifique la no utilización del visto bueno; una vez se cuente con respuesta favorable, se procede con el análisis de los documentos que se adjuntaron al nuevo radicado y de ser procedente, se genera la aprobación del nuevo trámite de visto bueno, dejando de presente la anulación del radicado anterior.

En caso de tener el acta de rechazo y la solicitud de autorización de embarque que emite la DIAN, el exportador podrá adjuntar los documentos dentro de los soportes del radicado con el fin de agilizar la verificación del trámite.

1. Ingrese a la página web de la Agencia Nacional de Minería y seleccione la opción Trámites y Servicios.
2. Seleccione la opción CONSULTA DE PRODUCCIÓN BAREQUEROS.

3. Registre su número de identificación (sin puntos, comas o guiones), valide los campos de seguridad requeridos por el sistema – CAPTCHA, y posteriormente, seleccione la opción consultar y enviar.

   Tenga en cuenta que el reporte de producción se enviará únicamente al correo electrónico que se encuentra registrado el SI. Minero, previamente validado por la alcaldía del municipio en el que se encuentra inscrito el minero de subsistencia.

   Si no tiene correo electrónico registrado, debe dirigirse a la alcaldía municipal para realizar el correspondiente registro o actualización.  

    

   Las observaciones o inquietudes que se generen sobre la funcionalidad de la aplicación serán recibidas y resueltas a través del correo electrónico barequeros@anm.gov.co.