Estamos decididos a seguir haciendo de Colombia un país minero competitivo y sostenible: Juan Manuel Santos

Discurso Presidente de la República en la clausura del Congreso Nacional de Minería

 Cartagena, 24 abr (SIG). No voy a citar a Víctor Hugo pero voy a citar a Simón Bolívar… 1829, que la minería en Colombia –a pesar de ser una de las principales fuentes de riqueza pública– estaba abandonada a su suerte.

Y así fue durante mucho tiempo, y me alegra decir que –a pesar de dificultades de las que todos somos conscientes y que estamos listos a solucionar con ustedes– estamos corrigiendo ese error que el Libertador señaló hace casi dos siglos.

Porque estamos decididos a seguir haciendo de Colombia un país minero competitivo, sostenible, con instituciones cada vez más sólidas, más agiles con una política integral y una política diferencial.

El país –se lo he dicho muchas veces– los necesita: ustedes generan los recursos con los que estamos construyendo esa nueva Colombia en paz, con más equidad y mejor educada.

La gente a veces no es consciente de eso. Más de 45 billones de pesos en regalías recaudadas por el sector minero-energético entre solamente 2010 y 2014 son la demostración de la importancia que esta industria tiene para el país.

De recaudar apenas –y digo ‘apenas’ porque las cifras que tenemos hoy son impresionantes– 3 billones de pesos en regalías en el año 2004, pasamos a más de 8 billones y medio en el año 2014.

Y estos recursos están llegando a todas las regiones del país gracias esa reforma que hicimos, que creo que fue una de las reformas más importantes en los últimos tiempos –gracias señores Senadores y gracias representantes–, la reforma a las regalías. 

Con esa plata estamos financiando proyectos de inversión en infraestructura y en desarrollo que están permitiendo construir la nueva Colombia en paz, con más equidad y mejor educada que todos queremos.

Para no perder la magnitud de lo que significan estos recursos es bueno recordar que con los recursos totales que aportó el sector minero-energético en el año 2013 –que fueron más de 30 billones–, con esa plata nos alcanza para financiar toda la educación pública del país, o nos alcanza para financiar 11 años del programa Familias en Acción o más del 60 por ciento del costo total de las autopistas de Cuarta Generación –las llamadas 4G–.

El progreso del país en los últimos años ha estado íntimamente ligado a este sector.

Esos indicadores sociales que hemos logrado y que hoy son señalados por la comunidad internacional como un verdadero ejemplo. Les menciono el 12 por ciento que hemos bajado la pobreza. El desempleo, que ha venido bajando 55 meses seguidos.

Todos esos números y conociendo los bajos precios que en los últimos años les ha tocado enfrentar, sé del apoyo que hoy requiere el sector para poder mantener ese combustible y ajustarse y mantener la dinámica que el país necesita.

Por eso le he pedido al Ministro de Minas, al doctor Tomás González, a su equipo y a otros funcionarios del Gobierno   que impulsemos las medidas necesarias para volver a estimular o darle un estímulo a la industria. Y que lo haga trabajando de la mano de todos, que haga una especie de concertación.

Por eso estamos rediseñando la política minera: para darle respuesta, doctor Ángel, a muchos de los interrogantes que usted tiene.

¿A través de qué mecanismos lo estamos haciendo? Por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, que está en manos del Congreso de la República en este momento. Ese plan parte de la necesidad de darle un trato diferenciado a los distintos tipos de minería.

Así, las reglas son más claras para todos y los apoyos llegan de acuerdo a las necesidades de cada uno.

Y les doy algunos ejemplos… Queremos modificar el canon superficiario para que cada tipo de minería pague según su escala y pueda ser competitiva.

También proponemos una fiscalización diferenciada –y eso para facilitar el camino a la formalización, que es tan importante–, y establecemos áreas estratégicas de reserva para que puedan desarrollarse proyectos de todas las escalas de la manera correcta. 

Igualmente, es indispensable asegurar unas reglas de juego claras –yo soy muy consciente de esa necesidad–, claras y estables y unas instituciones fuertes.

El trabajo que hubo entre las autoridades mineras y ambientales  en la delimitación del páramo de Santurbán, creo es un muy buen ejemplo de cómo podemos trabajar juntos hacia los mimos objetivos.

Ese trabajo, además de dar certeza sobre las áreas en las que se puede –y las áreas en las que no se puede– desarrollar proyectos mineros, permitió hacer compatibles las dimensiones ambientales, las dimensiones sociales y las dimensiones económicas en la toma de las decisiones. Ese es el gran objetivo, hacer eso compatible.

En este mismo sentido van las propuestas que hemos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo… Queremos que haya certeza sobre los criterios para tomar las decisiones de prórroga de contratos como la integración de títulos –que son condiciones que requieren muchos proyectos mineros para ser viables–.

Y a la par de esto, seguimos avanzando en fortalecer los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico –lo que hemos llamado los PINES–.

Hoy, los 15 proyectos mineros de mayor impacto en el país cuentan con un seguimiento especial y con un equipo dedicado a apoyar los trámites y remover las barreras que enfrentan.

Así hemos logrado agilizar trámites que tenían enormes retrasos, servir de puente con las autoridades locales para facilitar la compresión de los proyectos –eso es muy importante– y explicarles sus verdaderos impactos y armonizar el trabajo de las distintas instancias del Gobierno.

Soy el primero en reconocer que muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos trabas los unos a los otros para que las cosas no funcionen.

En el Plan de Desarrollo también vamos a fortalecer aún más este mecanismo dándole nuevas herramientas para que pueda ser más ágil, más eficiente y más efectivo.

Ahora bien: así como es firme nuestro propósito de apoyar la minería responsable, y aquí se me olvidó mencionar algo que es muy importante. Yo le he dado las instrucciones al Ministro de Minas y al Ministro de Hacienda para que se sienten a revisar la parte tributaria, que sé que ahí hay un área, un espacio donde podemos trabajar para que todos salgamos ganando.

Aquí, con una serie de medidas, podemos aumentar la producción, aumentar los ingresos pero bajar la carga tributaria. Algunos dicen que eso es imposible. No, eso es muy posible. Creo que nos podemos sentar –ya tienen instrucciones– para proponerles una serie de caminos en esa dirección.

Y así como vamos a seguir apoyando la medida formal, pues también nos toca enfrentar, con toda, con toda la decisión –y en eso creo que ustedes son nuestros mejores aliados– enfrentar la extracción ilícita de minerales.

Estamos hablando de 307 municipios –en departamentos como en el que estamos,  Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño– con presencia de minas ilícitas.

Para que entiendan –yo creo que ustedes lo saben mejor que yo– la magnitud del problema les doy esta cifra: cerca de 59 toneladas de oro se producen anualmente en minas sin título…

¿Eso, cuánto vale, cuánto representa en plata?

¡Eso vale más de 7 billones de pesos!

Por eso quiero claro, que siempre hay que precisar, porque aquí hay muchos que quieren confundir lo uno con lo otro: NO estamos satanizando a los pequeños mineros que tienen la voluntad de formalizarse y de hacer minería bien hecha. A ellos los queremos ayudar.

Una cosa es la pequeña minería, minería de subsistencia, y otra muy distinta la extracción ilícita de minerales, lo que hemos llamado la minería criminal.

El que explota los recursos de forma ilícita, de forma inescrupulosa, no está haciendo minería; está cometiendo un crimen que nos afecta a todos los colombianos: no paga regalías, financia a grupos criminales, y algo igual o peor, acaba con el recurso más importante que tenemos los colombianos, nuestro medio ambiente.

Aunque todos los que están en esta sala hacen minería de manera formal, hay muchos en el país que no la hacen. 

Y para ellos mi mensaje es simple: tienen que entrar por una de las tres puertas.

La de la formalidad, que es para aquellos que quieren hacer la minería de forma responsable.

La de la reconversión, que es para los que no podrán seguir haciendo minería porque están en zonas excluidas ambientalmente o porque simplemente la actividad no es viable.

O la de la acción policiva y penal, que está reservada para los criminales.

En lo que tiene que ver con la primera puerta –que es la de la formalidad– tenemos una política que el año pasado capacitó a más de 5.500 mineros que quieren hacer las cosas bien. Y para ellos habrá todo el apoyo, todas las puertas abiertas.

Con esta política buscamos asegurar que puedan trabajar bajo el amparo de un título, de un instrumento ambiental y de un plan minero.

Y ya tenemos los primeros avances a través de los subcontratos de formalización.

Con ellos –previa autorización minera– se pueden suscribir subcontratos de formalización minera con el titular, para seguir adelantando la explotación, hacer una adecuada asignación de riesgos y facilitar la transferencia de tecnología entre grandes y pequeños.

Iniciamos con 8 subcontratos en Antioquia, de los cuales tengo entendido que 7 son en Buriticá, con la Continental Gold, y 1 en Remedios, si mi información no es incorrecta.

Esperamos que esos subcontratos sean un punto de partida que se complemente con las demás herramientas de formalización que incluimos en el Plan de Desarrollo, y que le muestre al país cómo se transita hacia ese espacio, ese camino de la formalización.

En esto contamos con ustedes… ¡La formalización sólo tendrá éxito si involucra en forma decidida a la gran y mediana minería formal! Creo que ahí todos ganamos.

En cuanto a la segunda puerta –la de la reconversión– estamos haciendo un trabajo coordinado entre las entidades del sector social para implementar estrategias que favorezcan a aquellas personas para quienes la minería no es –por diversas razones– una solución viable.

Eso sucede en muchas industrias, en muchos sectores, a través del tiempo.

Debemos ayudarles a que puedan dejar la minería y cambiar de actividad pero de manera ordenada, ayudarlos a esa transición.

Y a los de la tercera puerta, a los criminales –para quienes va la acción policiva y penal– vamos a caerles con todo el peso de la ley.

La estrategia que estamos desarrollando se basa en la identificación tanto de las vulnerabilidades que existen en toda la cadena de valor –de las que se aprovechan los criminales--, como de los vacíos jurídicos que impiden judicializar a los responsables.

Vamos a presentar, señores congresistas, un proyecto de ley que defina con claridad los delitos minero-ambientales y establezca penas no solo para el que explote, el que extraiga o el que explore, sino también para quien beneficie, almacene, transforme, transporte o comercialice minerales de procedencia criminal.

El proyecto de ley va a convertir la explotación ilícita de minerales y otros materiales en una conducta que también es fuente del delito de lavados de activos. Es muy importante.

Que les quede muy claro a quienes se dedican a esta actividad: ¡ya no podrán esconderse en los vacíos del Código Penal!

Vamos también a fortalecer la facultad de la Policía Judicial para destruir o inmovilizar maquinaria, equipos e insumos que se utilizan en estas actividades ilícitas ya que ha sido una herramienta muy valiosa en la lucha contra este flagelo.

Ayer tuvimos reunidos en el Consejo Nacional de Seguridad –ahí tienen asiento las Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, los Altos Mandos Militares y Policiales, la Fiscalía, la Procuraduría; el Estado– y tomamos dos decisiones importantes:

Una fue simplemente ampliar unas áreas donde no se podía iniciar la restitución de tierras– eso no tiene nada que ver con ustedes–, pero la segunda decisión que tomamos fue, aprobar una política integral de lucha contra el crimen organizado.

Eso tiene una gran importancia, porque por falta de coordinación dentro de las entidades del Estado, muchas veces esa lucha contra el crimen organizado, que como su nombre lo indica, sí están organizados, pues la acción del Estado se ve impedida o por lo menos vulnerada.

Entonces ayer nos presentaron una acción integral que tiene que ver con toda la cadena que utilizan los criminales organizados. Y uno de los aspectos que más nos preocupa y sobre el cual vamos a actuar con mayor contundencia, es precisamente la minería criminal.

Porque esta esa minería criminal, como lo mencionábamos, causando unos daños iguales o peores a los del propio narcotráfico.

Y por eso, tenemos que actuar con mucha contundencia. Eso no es solamente un problema de Colombia. Ecuador está teniendo un problema parecido, Perú también, muchos países; Brasil lo mismo.

De hecho, en lo que va del año hemos intervenido 510 minas, hemos realizado 831 capturas, hemos destruido, creo que 50 retroexcavadoras, 24 dragas.

En este momento se está haciendo una operación en el Valle del Cauca, masiva. Ahí me mandó el general (Rodolfo) Palomino las imágenes. 

Estos resultados son muy positivos, pero son totalmente insuficientes frente a la magnitud del problema… ¡Estoy seguro de que con este plan vamos a mejorar muchísimo más la efectividad del Estado en contra de esta minería criminal!

Otro de los aspectos que ayer analizamos detenidamente fue la parte puramente judicial. No hay los jueces especializados en contra del crimen organizado. Vamos a especializar los jueces y unos especializados en contra de la minería criminal. Uno tiene que conocer el delito para poderlo juzgar. Y vamos a hacer un gran esfuerzo ahí.

El plan contempla también una regulación más fuerte... Este año, por ejemplo, vamos a reglamentar la ley del mercurio y a fortalecer nuestros sistemas de información para poder tener trazabilidad de minerales.

Y vamos a ser mucho más estrictos en la etapa de comercialización de materiales preciosos, asegurando que la custodia de estos materiales esté a cargo del Banco de la República, y fortaleciendo también la regulación para las comercializadoras y plantas de beneficio.

Son esas tres puertas y tres caminos que nos van a permitir darle un poco más orden a la minería: el de la formalidad, el de la reconversión y el de las sanciones drásticas.

Colombia necesita, reitero y quiero repetírselo a ustedes, un sector minero fuerte, organizado, competitivo, sobre todo ahora que avanzamos decididamente en esa ruta hacia la paz y hacia la reconciliación.

Ponerle fin al conflicto armado va a traer enormes beneficios para la minería, que es además una de las actividades mejor posicionadas para apoyar el posconflicto, como ustedes lo han mencionado: generan empleo, generan los recursos de inversión en aquellas zonas que más lo necesitan, que más han sido golpeadas por el conflicto.

El mundo tiene que saber –por ejemplo– lo importante que es el carbón para Colombia, y cómo apoyando el carbón, el carbón colombiano, apoyan la paz y apoyan el desarrollo de nuestro país.

Por eso le he pedido a una comisión del más alto nivel del Gobierno que lleve a nuestros principales mercados ese mensaje y se asegure que entiendan la importancia que tiene para nosotros.

Y yo sé, yo sé que el mejor insumo, que el mejor apoyo, el mejor estímulo que puede tener la minería en nuestro país, es una palabra de solo tres letras que es: PAZ.