Una Nueva Ley Minera

Una nueva visión de la minería en Colombia

31 de Mayo 2023. Palabras pronunciadas por el Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, durante la instalación de la cumbre minera de los días 27 y 28 de mayo de 2023 en la sede principal de la Universidad Nacional en Bogotá.

Buenos días para todas y todos. Bienvenidos a esta cumbre minera, un hecho histórico que nos permite contar, en un mismo sitio y a la misma hora, con todas las voces de la minería en Colombia.

Durante dos días, concurrirán en esta alma mater, miles de vivencias, opiniones y propuestas que deberán llevarnos a la construcción colectiva de la nueva ley minera.

Por primera vez en la historia de la minería en Colombia, un gobierno convoca al país entero para escuchar a los múltiples actores del sector, que durante décadas fueron silenciadas, incluso por la vía de la violencia. Hoy y durante 48 horas, barequeros, pequeños y medianos mineros, representantes de organizaciones sociales y ambientales, compartirán espacios con representantes de las grandes empresas mineras y sus gremios, y tendrán oportunidad de expresar su visión respecto a la riqueza mineral del país.

Llegamos aquí, luego de una convocatoria amplia y democrática, para dejar sentadas las bases de un nuevo consenso social que nos permita superar un viejo modelo extractivista expresado en la Ley 685 de 2001, que si bien le reconocemos impulsó la gran minería del carbón, el níquel y el oro, también ha dejado una nación envuelta en graves problemas sociales, ambientales y de orden público, muchos de los cuales se evidencian s en las mismas estadísticas oficiales y en las primeras páginas de los medios masivos de comunicación.

Asistimos durante 22 años a la fractura de la institucionalidad, las normas mineras, por un lado, las ambientales y de protección a la pluralidad étnica y cultural por otro; el gobierno central por un lado y las entidades territoriales por otro; el establecimiento, por un lado, el pueblo-pueblo por otro. 

Asistimos durante 22 años a la construcción de un país profundamente inequitativo, que condenó a miles de compatriotas a ejercer esta actividad en condiciones indignas, a la ilegalidad e informalidad, perseguidos y condenados por la ley y estigmatizados por la sociedad. Decenas de cajas con documentos sin respuesta en la Agencia Nacional de Minería son la mejor prueba de ello, así como decenas de títulos mineros entregados sobre áreas protegidas, desconociendo derechos ancestrales y tradicionalesson la mejor prueba de la perversidad de un modelo mandado a recoger.

Hoy todos tenemos la enorme responsabilidad de sembrar las bases de una nueva visión de la minería en nuestra Nación. Tenemos la gran oportunidad de trabajar conjuntamente para hacer de la minería un instrumento de paz, de oportunidades, de cuidado de nuestros ecosistemas, del agua, de la vida, un medio para combatir la inequidad, de aportar a la industrialización, a la transición energética justa, al desarrollo agrícola y a la construcción de infraestructura pública, entre otros.

Hoy todos tenemos en nuestras manos la oportunidad de materializar el llamado del Gobierno Nacional para pasar de un modelo extractivista a un modelo productivo y de desarrollo soportado en nuestra propia riqueza de recursos naturales y naturales no renovables. Para ello, tenemos que pensar en futuro, con inteligencia, con sabiduría.

Hablamos de una nueva visión respecto a los recursos naturales no renovables (RNNR), que se basa en la soberanía nacional respecto de ellos.

Hablar de soberanía nacional significa reorientar la actual política minera de “primero en el tiempo, primero en el derecho” por una política que le permita al Estado planear la extracción y aprovechamiento de sus recursos naturales no renovables (RNNR) y de reorientarlos principalmente (no exclusivamente), al mercado interno como insumos para los programas del Gobierno del Cambio.

Migrar de una “economía extractivista” a una “economía productiva” significa utilizar nuestros RNNR para crear cadenas productivas que permitan agregar valor a los minerales, y por esa vía generar empleo, ingresos para las familias, recursos para el Estado, para el gasto social, exportación de bienes finales o semi-finales al mercado internacional y elevar los ingresos internacionales, y superar de esa forma el modelo primario exportador.

Al colocar nuestros minerales al servicio de la reindustrialización, de la transición energética, del desarrollo agrícola y la infraestructura pública, rompemos con la dependencia de las importaciones, sustituimos las compras internacionales por bienes que puedan producirse en la economía local, y corregir el enorme desequilibrio de las balanzas comercial y de pagos.

Al tiempo que avanzamos en el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre cambio climático, planeamos la extracción de los recursos en armonía connuestros ecosistemas, reducimos la conflictividad social y fomentamos el desarrollo de la ciencia y tecnología que serán las bases de un nuevo desarrollo orientado a la protección de la vida y el agua.

Para lograr la materialización de la nueva visión de una minería con propósito debemos recorrer simultáneamente  varios caminos:

1. Una minería con propósito. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), debe a través de la prospección geológica aportar información sobre la existencia de RNNR, entre ellos, los minerales estratégicos que deberán luego ser definidos por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Para definir los minerales estratégicos, tarea en la cual avanzamos, es fundamental determinar la forma, el cómo y el cuándo, y su viabilidad social y ambiental, para garantizar su disponibilidad en el mediano y largo plazo, según las necesidades que vayan determinando los planes de reindustrialización, transición energética, desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura pública. El CONPES de la industrialización nos dará muchas luces en esta materia. 
2. Ventanilla minera. El fallo del Consejo de Estado, conocido como la “ventanilla minera”, permite al Estado materializar el clamor de miles de compatriotas que exigen prohibir la entrega de títulos mineros en las zonas donde por razones ambientales esa actividad no se puede desarrollar. Estamos hablando de que, en adelante, las autoridades mineras y ambientales decidirán en forma conjunta sobre el futuro del sector al determinarse de forma previa las áreas o regiones donde la minería puede desarrollarse y donde no. La certificación ambiental se convierte en un instrumento fundamental para las decisiones de la autoridad minera.
3. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobó importantes iniciativas para el desarrollo de nuestro sector, entre ellas, los distritos mineros especiales para la diversificación productiva, que promueve la asociatividad, la formalización grupal, la industrialización a partir de los minerales estratégicos, la reconversión laboral, solución de conflictos y la diversificación productiva. El desarrollo de estas iniciativas, además de su proceso regulatorio, necesita dejar sus bases en la nueva ley minera, así como los cimientos de una minería moderna, ambiental y socialmente sostenible, que nos permita reducir la informalidad e ilegalidad minera, al tiempo que lograr más elevados estándares de seguridad e higiene minera, y una mayor trazabilidad para poner fin a los mercados ilegales que enriquecen hoy a organizaciones armadas, las cuales esclavizan y extorsionan a los mineros tradicionales, utilizando en paralelo esas rentas extraordinarias para enfrentar al Estado. 
4. Participación ciudadana. La vinculación de las voces locales en las decisiones mineras es un tema que debemos abocar en el corto plazo, su derecho a la participación, a un ambiente sano, a una vida digna, al trabajo, en esencia los derechos fundamentales expresados en la Carta Política, deben estar incorporados en la nueva ley minera y hacerlos efectivos.
5. Nuevo modelo de contratación. Los contratos de concesión minera de la Ley 685 de 2001 no garantizan la soberanía nacional de los RNNR, ni su disposición al servicio de los programas económicos del gobierno, además de que con ellos se entrega los RNNR a cambio de una regalía, cuyas tarifas no se revisan desde la Ley 141 de 1994. Una nueva política minera debe en consecuencia establecer los instrumentos mediante los cuales el Estado pueda garantizar la disposición de sus RNNR, los cuales son de su propiedad, al mercado local, en primera instancia. Contratos de operación, de asociación y los procesos de selección objetiva hacen parte del portafolio de opciones de una nueva política para hacer realidad esa nueva visión minera.
6. Formalización y legalización minera. El plan de gobierno del presidente Gustavo Petro y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), señalaron que es prioridad blindar a los barequeros y apoyar a los pequeños y medianos mineros. De esta forma, el programa sectorial y los planes de las entidades del sector asumimos el cumplimiento de esa prioridad, construyendo las soluciones desde las bases, cuyos beneficios deben ser evidentes y concretos para esos sectores de la minería, en el marco de las obligaciones ambientales y sociales vigentes.
7. Construcción de cadenas productivas. Incrustar la minería en las cadenas productivas orientadas al desarrollo soberano de la economía del país es un propósito nacional. La minería es el primer eslabón de las cadenas de valor agregado y por tanto debemos garantizar que en primer momento nuestros recursos minerales se dirijan hacia ese propósito, mediante la oferta de insumos al mercado local que contribuyan a la industrialización de la economía, (p. ej. carbón metalúrgico, coque, acero, maquinaria), la transición energética (p. ej cobre, litio, tierras raras), desarrollo agrícola (fosfatos para la elaboración de fertilizantes), y los materiales para avanzar en la construcción de vías y puentes que faciliten, entre otras, que los campesinos puedan llevar sus productos a los grandes centros de abastecimiento; esa es la tarea que nos hemos propuesto y cuyas bases quedarán construidas en el actual gobierno.

Entorno Internacional. Gobiernos de países desarrollados, instituciones internacionales, reconocidos centros de investigación, expertos y ciudadanos con un sentido común desarrollado, saben que los RNNR son finitos y que estamos en un momento en el cual, algunos de los minerales estratégicos, tienden a la escasez en el mediano plazo. De ahí que los países desarrollados y las grandes multinacionales buscan con urgencia hacerse a la propiedad de los minerales estratégicos en los países que cuentan con ellos. Colombia tiene un potencial importante en cobre y podría con nueva investigación geológica confirmar su potencial en otros minerales, como tierras raras, coltán, molibdeno, entre otros. El Estado debe en consecuencia aprobar una nueva política que le garantice a la economía la soberanía sobre los minerales estratégicos, cuya extracción deberá obtener la certificación ambiental, cumplir con rigurosas normas y estándares ambientales, y el debido proceso a la participación de las comunidades del área de influencia de los potenciales proyectos mineros. La ley minera en proceso de construcción deberá incluir las herramientas legales y contractuales que garanticen la soberanía sobre los RNNR y la participación de la inversión privada en los casos en que por ausencia de recursos financieros y tecnología deban implementarse alianzas público-privadas. 

Chile y México entendieron que los países que cuentan con los minerales estratégicos no pueden repetir la historia y que hoy tienen en sus manos el medio más importante para desarrollar un sector pensando en sus economías, el desarrollo soberano y en el bienestar de sus ciudadanos.

“La alta demanda mundial, los elevados precios y las grandes reservas del litio en nuestro país nos permiten ser optimistas y, a su vez, nos llaman a actuar con sentido de urgencia. Es necesario incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor, en armonía con las comunidades. Con tal propósito, el desarrollo de la industria del litio será liderado por el Estado e involucrará al sector privado en todo el proceso productivo”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, en mayo pasado, al tiempo que anunció la creación de una empresa pública del litio. México, por su parte, anunció la nacionalización del litio en abril pasado mediante una entidad pública que “tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión y que encargará de realizar los programas estratégicos para la exploración y aprovechamiento del litio (…)”

La Carta Política Colombiana señala que el Estado, además de propietario de los recursos naturales no renovables, podrá participar en esta actividad y que además tiene la obligación de planear su desarrollo y promover la explotación racional de estos recursos. Recuperar estos alcances constitucionales es también nuestra tarea.

8. De un Estado facilitador a un Estado planificador. [JAAA1] Avanzar de una economía extractiva a una economía productiva implica que el Estado intervendrá en la planificación y desarrollo del sector minero dejando atrás un modelo que priorizó la entrega de títulos y de los RNNR sobre otras variables que actualmente son fundamentales en la nueva visión minera, entre ellos, la necesidad de extraer los RNNR de forma planificada, garantizando la soberanía y disponibilidad para la ejecución de sus programas económicos, la gestión del cambio climático, la preservación de los ecosistemas y el derechos de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus vidas y territorios.
9. Empresa Pública Minera. El sector minero colombiano, a diferencia de otros países donde las empresas públicas mineras han jugado un papel fundamental en el desarrollo de sus políticas, y la generación de ingresos, empleo, etc, no tiene una empresa pública minera. Insistiremos en su creación, pues nos parece fundamental en la tarea de rescatar para el Estado las cadenas ilegales conformadas especialmente en el sector de oro, apoyar a los mineros en procesos de formalización grupal o colectiva y participar en la extracción de los minerales estratégicos que requiere el país.
10. Reingeniería sectorial. La reingeniería incluye la creación de una unidad de inteligencia que nos permita tomar decisiones de política sobre la base de la información, sobre la evolución de los mercados y las estadísticas. No se trata de continuar desarrollando un sector sobre la base de las conjeturas o la narrativa de actores interesados, se trata de conocer el presente, proyectar el futuro y tomar las decisiones que más favorezcan a nuestra Nación.<